Intereconomía:
La barra libre en la sanidad pública tiene los días contados. El Gobierno planea un ambicioso cribado de tratamientos para sacar de la cartera básica de servicios aquellos que precisamente no sean “tan imprescindibles” o “hayan quedado obsoletos”. Las operaciones de carácter estético, procedimientos relacionados con la fertilidad o tratamientos contra hábitos adictivos podrían salir de la financiación pública en cuestión de semanas. El objetivo no es otro que aliviar los 20.000 millones de euros de deuda que lastran el Sistema Nacional de Salud (SNS).
Las palabras de ayer del ministro de Economía, Luis de Guindos, proponiendo que las rentas más altas paguen por la sanidad, hacen pensar que el Gobierno podría estar trabajando en una cartera en la que los ciudadanos con mayores ingresos participen en el coste de determinados tratamientos. El Ministerio de Sanidad, por el momento, prefiere permanecer callado. Fuentes del departamento aseguraron que cualquier medida que se tome será acordada en el seno del Consejo Interterritorial –que se celebrará a finales de abril– junto a las autonomías.
Mientras, la ministra Ana Mato insiste en que la sanidad será “pública, universal y gratuita”. Pero la más que evidente insostenibilidad del SNS y el escaso porcentaje del PIB dedicado a este apartado hace pensar a muchos expertos que la última cualidad a la que se refiere Mato tendrá que ser revisada.
“El actual sistema de copago está desfasado”, sentencia el catedrático de Economía de la Universidad Pompeu Fabra, Jaume Puig-Junoy. La comunidad científica parece tener claro que la retirada de servicios de la cartera básica debe regirse por criterios basados en el coste-beneficio de cada terapia.
¿Qué tratamientos estarían entonces en la cuerda floja? Desde operaciones de cambio de sexo (con un coste por intervención valorado en 30.000 euros), a tratamientos de inseminación artificial (900 euros) o cirugías estéticas (como la de varices, 3.000 euros). Algunos de estos procedimientos son costeados a nivel nacional y otros sólo en determinadas autonomías.
Sin embargo, no son las únicas prestaciones cuya financiación está siendo replanteada. Un informe de la Comunidad de Madrid señalaba también a los servicios hoteleros relacionados con la hospitalización, las técnicas de terapia respiratoria a domicilio, los consejos genéticos y hasta las sillas de ruedas manuales.
La exclusión de este tipo de tratamientos de la futura cartera sanitaria podría contribuir a un ahorro valorado en 700 millones de euros, según informa el economista Lorenzo Bernaldo de Quirós.
“El sistema sanitario tiene que asegurar las prestaciones para patologías vitales. Hay otras, como por ejemplo las operaciones de juanetes o las vasectomías, que habría que plantearse”, afirma el director de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, Pablo Vázquez. El doctor Pascual Solanas, de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria, apuesta por una cartera de servicios que incluya “exclusivamente aquellas terapias que salven vidas”.
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